Sería criminal privatizar el agua

Sería criminal privatizar el agua

Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, 10 de Marzo del 2015. Legisladores del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista intentan convertir en un negocio privado el suministro de agua potable a la población.

Por lo pronto y de manera precipitada, han logrado que se declaren en sesión permanente las comisiones unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos, de la Cámara de Diputados, para dictaminar sobre una nueva Ley General de Agua.

Resulta perversa la premura con la que los diputados del PRI y sus cómplices intentan elevar a categoría de ley una iniciativa que afecta a todos los mexicanos.

Este es otro abuso de poder, algo que, por cierto, ha caracterizado esta legislatura, ya que nuevamente no se está tomando en cuenta la opinión de la población.

Ante esa embestida de los partidos enemigos de la patria, yo votaré en contra de que se entreguen a la iniciativa privada los recursos acuíferos nacionales como ya se hizo con otras actividades estratégicas como:

La industria petrolera
La minería
Los ferrocarriles
Los aeropuertos
La banca
La educación superior
Las carreteras
Los puertos marítimos
…Y ahora el agua.

En mi carácter de diputado federal, considero que la Ley General de Agua debe garantizar la participación social amplia en la administración y gestión de ese recurso natural así como el derecho humano a disponer del vital líquido.

En cambio, la propuesta de los legisladores del PRI, del PAN y del Verde Ecologista protege a las corporaciones y le da la espalda a los intereses de la Nación.

Es de suponer que una vez que las empresas privadas adquieran los derechos y el control del agua, millones de mexicanos se quedarán sin la posibilidad de adquirirla.

Un ejemplo de ello es que la nueva ley contempla el embargo del domicilio privado en caso de que no se pague la factura por consumo de agua.

El agua no debe verse como negocio y el gobierno está obligado a venderla al costo ya que se trata de un derecho de todas las personas.

La privatización del suministro y distribución de agua implicará necesariamente un aumento de tarifas en todo el país.

Incluso la Organización Mundial de la Salud sostiene que el agua debe ser suministrada y garantizada por el Estado. En cambio, esta iniciativa del PRI y sus aliados no contempla mecanismos para hacer exigible este derecho humano.

Si no impedimos que los diputados del PRI y sus cómplices del PAN y del Verde Ecologista se salgan con la suya, el agua se convertirá pronto en una mercancía sujeta a reglas de mercado y sólo estará al alcance de los que puedan pagar las tarifas infladas que implicaría la privatización del agua.

Por estas razones, principalmente, votaré en contra de esta iniciativa.